23/11/2014

Desplazados triquis de Copala

26/10/2014

Triqui de Cruz Chiquita Copala podría ser ejecutado en EUA

Del “sueño a la “pesadilla americana

Jerónimo Martínez Ramírez, indígena triqui de Cruz Chiquita Copala, podría ser ejecutado en California, Estados Unidos

Por: Saúl Salazar

Santiago Juxtlahuaca, Oax.- Seis años han transcurrido desde que Jerónimo Martínez Ramírez, de 37 años de edad, con el seudónimo de “Agustín” entre los triquis, dejara su comunidad Cruz Chiquita, Copala, perteneciente a Santiago Juxtlahuaca, a su esposa Victoria Hernández Flores y sus tres hijos, en busca del “sueño americano”.

Amarga pesadilla

Solo un año duró el sueño para convertirse en una amarga pesadilla que puede terminar con la ejecución de Jerónimo Martínez Ramírez, en una cárcel de Madera, California, Estados Unidos.

Su esposa Victoria Hernández Flores, relata en triqui que su esposo, poco después de haber llegado a los Estados Unidos, comenzó a enviarle dinero, tal como habían acordado, el cual lo utilizaba para comer y para la educación de sus hijos.

Hernández Flores agregó que es un hombre hogareño y atado a su comunidad; a solo un año de trabajo arduo en los campos agrícolas de Greenfield California, ya hacía planes para regresar con su familia; “la tarde del 25 de mayo de 2010 me llamó por teléfono para decirme que venía en la semana siguiente, añadió.

Ese día nunca llegó; la tarde del 30 de ese mismo mes, su esposa Victoria recibió una llamada desde una cárcel de Madera California, era de su esposo Jerónimo, quien le contó que estaba en la cárcel y que lo habían acusado de haber matado a dos paisanos suyos de nombres: Delfino Martínez y Fidel García, el primero de ellos, de la misma comunidad de Jerónimo; el otro, de Unión de los Ángeles, Copala.

Procesado por homicidio múltiple

De acuerdo a la información obtenida, a Jerónimo se le procesó por homicidio múltiple en un tribunal de Estados Unidos.; en su acusación, el fiscal del Contado de California, Michael R. Keitz, solicitó la pena de muerte para Jerónimo.

Ante eso, su defensa implementó una estrategia legal, representada por la abogada Dhyana Fernández, quien evitó que su proceso culminara, o de lo contrario hubiera  sido sentenciado con la pena capital.

En diciembre de 2012, a partir de dos informes psicológicos que la defensa ofreció, la Corte del Estado de California declaró que Jerónimo Martínez no se encontraba apto mentalmente para continuar en el juicio por lo que ordenó suspender el procedimiento e internarlo en el Atascadero State Hospitals, hasta resolver en definitiva sobre su estado mental podrá definirse si vuelve al proceso y se le sentencia con la pena capital, o se le da un tratamiento distinto a la cárcel. 

Estado psicológico

Dhyana Fernández, quien dejó de ser su defensora, dijo: “Sé que a finales de octubre de este año va a tener una audiencia para saber su estado psicológico y si está apto para continuar en el proceso instruido en su contra; mientras tanto, seguirá internado en un hospital y no en la cárcel.”

Por otro lado, durante nuestra investigación nos dimos cuenta que existe muy poca información sobre el caso de Jerónimo Martínez en los archivos de los gobiernos federal y estatal, así como en organismos de defensa de derechos humanos del país.

De igual manera, la familia de Jerónimo se encuentra en el total olvido, pues a la fecha, refiere la esposa que no ha recibido siquiera una llamada de la gente de gobierno; ella solo ha tenido que sacar adelante a sus tres hijos, tejiendo huipiles para luego venderlos entre su propia gente triqui.

Destaca también que desde la misma “teoría del caso” construida por la defensa, la licenciada Dhyana Fernández, hizo un viaje en 2012 a México para tratar de recabar un informe sobre la condición sociocultural y política del pueblo de pertenencia de Jerónimo Martínez, a fin de lograr algún atenuante que pudiera favorecer al imputado en la sentencia, sin embargo, al entrevistarse con el titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez, éste solo se concretó a decirle que no existían las condiciones de seguridad para ingresar a la comunidad de Cruz Chiquita, de donde es originario Jerónimo Martínez, por lo que la defensora regresó a los Estados sin el informe.

Declaraciones sospechosas

También llama la atención que en sus primeras declaraciones, Jerónimo Martínez dijo que había encontrado, un día antes, los cuerpos ya sin vida de Delfino Martínez y Fidel García en el interior de la casa donde alquilaban, es decir, el viernes 28 de mayo; declaración que hizo solo para cubrir su crimen, según el fiscal del Condado.

El hoy acusado añade que no recordaba bien lo que había sucedido pero ahora afirma que él fue quien cometió los asesinatos.

Sus familiares pidieron a las autoridades mexicanas competentes y organismos de derechos humanos retomen el caso de Jerónimo, emprendiendo una serie de acciones y medidas consulares que ayuden a que no sea sentenciado a la pena capital; en el mejor de los casos, que se compruebe su inocencia.

Internado en el hospital

Desde el hospital Atascadero State Hospitals, Jerónimo Martínez Ramírez dice que tiene dos abogados pero no se han comunicado con él, “desde que entré a este nosocomio, no vienen a visitarme, estoy bien, no peleo con nadie”, contó.

“Mi hermano Braulio, de aproximadamente 35 años de edad, quien vive en Estados Unidos, me habla por teléfono una o dos veces por mes; yo no le puedo marcar, no sé utilizarlo; cuando me habla mi esposa, otro contesta y me dice te hablan”, relata.

Refiere que en el hospital le dan tres veces de comer, a las 7 de la mañana, 12 del día y a las 17 horas; en la cárcel solo le daban dos veces, a las cuatro de la mañana y en la tarde; la hora variaba, pues lo hacían hasta que los policías se desocupaban.

“Antes de estar en la cárcel, trabajaba en el campo, me dedicaba a cortar durazno y cherry”, finalizó.

10/8/2014

Triquis, el rostro de la marginación

Indígenas en Sonora enfrentan analfabetismo, pobreza extrema y drogadición.


Hermosillo, Son.- Víctima de la explotación laboral por su resistencia en duras jornadas en el campo, la comunidad indígena triqui, colonizada en la costa de Hermosillo, sobrevive a serios rezagos en salud, educación y vivienda. En la comunidad, priva la promiscuidad, el analfabetismo, la drogadicción y la violencia intrafamiliar, entre otros.

En la búsqueda de mejores condiciones de vida -expulsados por la violencia entre grupos de sus comunidades- algunos migraron en 1982 a Sonora, de los altos y los bajos de Oaxaca y se asentaron en el poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo.

Si bien, existe una migración masiva de triquis en diciembre cuando inician las cosechas, la mayoría se desplaza a otros estados en julio, cuando terminan; ahí se quedan alrededor de 5 mil habitantes -35% son niños- que forman parte de una comunidad que busca preservar sus usos y costumbres, de los cuales algunos contravienen los códigos penales vigentes.

Entre los triquis es común que se pague por las mujeres -niñas de 12 años- una dote para el matrimonio, aunque la mayoría vive en unión libre y los hombres tiene derecho de tener todas las mujeres por las que puedan "pagar".

La mayoría no habla español, hay un plantel preescolar y dos primarias indígenas; en éstas sólo tienen dos maestros que dominan su lengua, por lo que se hace difícil el aprendizaje para los niños.

Unos concluyen la primaria, muy pocos terminan la secundaria y la mayoría, desde los 10 años de edad, se convierte en jornalero.

Caminan descalzos, enfrentan problemas de higiene, alcoholismo y adicción a solventes.

Los triquis migran de campo en campo en busca de un trabajo y según el cultivo, les pagan desde 1.20 pesos la cubeta de productos hasta 3.50 pesos.

En los cultivos de vid, en jornadas extenuantes con temperaturas de hasta 48 grados centígrados, tienen que colectar 100 cubetas de 20 litros, para llevar 120 pesos a sus casas. En algunos campos les pagan jornales de 150 pesos.

Viven hacinados en cuartos de tres por cinco metros que les construyó en el año 2000 el Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI).
Conviven alrededor de 10 personas: el jefe de familia con sus esposas, por lo regular más de siete hijos y, en muchos casos, albergan familiares que llegan de Oaxaca en forma temporal para trabajar en los campos agrícolas.

En un intento por garantizar los derechos humanos de los indígenas, el 9 de agosto fue institucionalizado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de la ONU.

En nuestro país habitan un total de 68 pueblos originarios, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Proyecto para dignificar su vida

Investigadores franceses y estadounidenses, mediante la Red América Latina, Europa y el Caribe (ALEC), trabajan en el desarrollo de un proyecto para construir políticas públicas que dignifiquen las condiciones de vida de comunidad triqui asentada en el poblado Miguel Alemán, de la costa de Hermosillo.

Abel Leyva Castellanos, sociólogo y doctor en Educación, es quien dirige el proyecto. Dominique Gay-Sylvestre, doctora socióloga que investiga el tema de la prostitución en la comunidad, y Leyva Castellanos, director de la Red ALEC en México, presentarán el proyecto en Limoges, Francia, los días 26, 27 y 28 de octubre.

Leyva Castellanos comentó que se trata de un proyecto integral donde se abarcan los temas de salud, educación, vivienda y empleo digno, con la participación de investigadores, universidades y los tres niveles de gobierno.

Destacó la importancia de que el municipio de Hermosillo participe con más presupuesto para atender la problemática social de este asentamiento humano, donde privan toda clase de carencias.

La organización Las Huellas del Migrante hizo un censo en 2008, donde se registraron 2 mil 800 personas de la etnia, pero con base a estimaciones de acuerdo al flujo migratorio por la falta de oportunidades en Oaxaca, pudiera alcanzar más de 5 mil pobladores, dijo.

Sonora es un buen lugar para ellos, ya que pueden percibir más ingresos y son contratados en los campos agrícolas por su fuerza laboral, son resistentes al calor y a las jornadas extenuantes, comentó Leyva Castellanos, también catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Ante la falta de oportunidades para continuar estudiando, los menores tienen como destino el campo, mientras que, los pocos que buscan sobresalir no encuentran empleo, debido a que son discriminados.

Profesionistas sin oportunidades

Surgidos de la comunidad, hay tres maestros bilingües que han solicitado la oportunidad a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, para incorporarse como docentes, sin respuesta.

Berlín Velázquez Solano y Fernando Hernández Pérez, licenciados en Educación, con Enfoque en Ciencias Sociales, expresaron su decepción, porque estudiaron con sacrificios para ser un respaldo en su comunidad y no han tenido respuesta por parte del gobierno del estado ni de las secciones magisteriales del SNTE.

Berlín se va a los campos agrícolas para aportar en el gasto familiar; Fernando se ha tenido que emplear como albañil.

El 60% de los estudiantes de las primarias indígenas de esta comunidad son triquis, niños invisibles para el gobierno, sin identidad étnica cultura. La marginación persiste a pesar de que la mayoría son nacidos en Sonora.

Rosalía Pablo García, de 20 años de edad, ha cursado dos semestres de la carrera de Agronomía en la Universidad de Sonora. Desde niña le ha gustado el campo, ha trabajado en las pizcas de varios cultivos, pero ahora tiene el apoyo de su familia que le reúne dinero para poder sostenerla en Hermosillo.

"Me ayudan mis padres, hermanos, primos y tíos; es mucho dinero, en el año que cursé gasté 38 mil pesos, fui anotando todos mis gastos, sin incluir alimentos y vivienda, porque unos familiares me dieron techo", comentó.

No tiene beca, a pesar de que es la única estudiante triqui, y del Crédito Educativo estatal no quiere ni saber, porque lo tiene en mal concepto por el cobro de sus altos intereses, "prefiero batallar", expresó.

Por lo pronto, su familia se está preparando para que regrese a clases en el arranque del próximo semestre a finales de agosto.

Alfonso López Pablo, jefe de familia, padre de seis hijos, comentó que la vida es muy dura para los triquis, por eso a los niños se les da educación primaria y de ahí se les lleva a trabajar a los campos, incluyendo a las mujeres de la casa.

Prevalece su cultura

Siriaco Solano Melo, integrante del Consejo de Ancianos de la Comunidad Triqui, trabaja en reforzar la base cultural de la etnia.

Comentó que el Poblado Miguel Alemán tiene alrededor de 40 mil habitantes, de ellos 40% es población flotante, cuenta con dos centros de salud, donde atienden sólo 11 doctores y de éstos, dos tienen especialidad en epidemiología y odontología; sólo uno habla la lengua triqui, pero tiene que atender el grueso de la demanda de servicios de salud que requiere la población de la zona.

Motivados por el deporte
Impulsados por la admiración que sienten por el equipo de niños triquis de la Academia de Basquetbol Indígena de México (ABIM), de Oaxaca, en esta comunidad se ha formado un grupo de menores que práctica ese deporte, con la intención de participar y destacar de la misma forma.

La organización Las Huellas del Migrante ha solicitado apoyo de organismos no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles, artistas filántropos, empresarios, instituciones educativas y población en general para que les provean de balones de basquetbol, de futbol y voleibol, así como redes, calzado y uniformes.

Pablo Cruz Guzmán, padre de uno de los menores que conforman este equipo, expresó el orgullo por el interés de su hijo por incorporarse a las actividades deportivas.

"Hasta ahora nos estamos esforzando para apoyarlo en el interés de jugar basquetbol, quisiéramos que destaquen como lo hacen nuestros niños de Oaxaca, por eso estamos pidiendo que nos ayuden a impulsarlos, porque de esta manera no pensaran en la vagancia y la drogadicción", explicó.

Reciben ayuda alimenticia

Con gran esfuerzo, la misionera Amelia N. Kame, de 70 años de edad, alimenta alrededor de 80 niños y adultos, entre ellos triquis que no tienen el sustento diario.

"Aquí vienen señoras triquis hasta con cinco hijos, traen hambre y se van contentas", comentó.

El comedor abre a las 12:30 horas y cierra a las 14:00 horas, o hasta que se termina el alimento preparado, pero las actividades para Amelia empiezan desde las 6:00 horas, cuando pone a cocer el frijol.

No hay dinero que alcance, menos cuando de servir se trata, aseguró la predicadora que opera -desde el año 2006- con recursos propios la Misión Jesucristo Milagroso, centro cristiano de su propiedad.

La misionera predica la palabra de Dios en un pequeño auditorio dentro de ese lugar, que también se convierte en un salón de clases de inglés.

Cobra los alimentos con una cuota simbólica de dos pesos a los niños y cinco pesos a los adultos, pero cuando no tienen para pagar, la comida es gratis.

Tiene alrededor de 15 voluntarias que le ayudan a mantener el lugar, a cocinar y a limpiar cuando se termina el servicio.

Sin embargo, no cuenta con el apoyo de instituciones de gobierno responsables de la asistencia social ni del sector empresarial, aunque sí le ayudaría para extender la caridad a más personas, comentó.

17/7/2014

Otorga CUCosta 10% de cupo a estudiantes triquis

El pasado 10 de julio, la Presidenta del Consejo Directivo de la Comunidad Triqui de Puerto Vallarta, Jalisco, Carolina Bautista Ramírez y el Rector del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, firmaron un convenio de colaboración para que hasta 10% de estudiantes de dicha comunidad puedan ingresar a cualquier programa académico de dicho plantel y cuando se exceda ese porcentaje, ingresarán los aspirantes con más alto puntaje de acuerdo a la reglamentación universitaria hasta llenar el cupo de los lugares disponible.

Cortés Guardado se congratuló por el convenio por respetar “principios universales” que ahora permean en el mundo pero sobre todo por el beneficio que puede traer a las etnias indígenas del país. “Se trata de hacer una excepción a la regla para propiciar una mayor igualdad de oportunidades y hacer efectivas las reglas de equidad que predominan en las instituciones y en los ámbitos en el régimen mexicano”.

Mismo que lamentó que “a cinco siglos de la llegada de los europeos a América sigan prevaleciendo injusticias añejas por los pueblos originarios del continente, del país y de nuestra región. Se han realizado acciones para solucionar estas injusticias, pero la sociedad no ha avanzado lo suficiente. Nuestro centro busca revertir esa situación y reincorporarlos a las bondades del desarrollo, pero respetando su identidad, su cultura y su propia visión”.

La representante triqui, por su parte, agradeció el apoyo que se les brinda a los hermanos indígenas agrupados en zonas de diferentes partes del país. “Somos doce etnias que vivimos en los alrededores de Puerto Vallarta y muchos conservamos nuestra lengua natal. Por nuestra lengua o por no saber expresarnos como ustedes nos hacen menos y muchos jóvenes truncan sus estudios por esa razón y por la discriminación. Ojalá el apoyo no sea solo por este año sino por mucho tiempo”.

En el “Convenio de Acción Afirmativa”, el Centro Universitario de la Costa reconoce el carácter pluricultural de la Nación, sustentado originalmente en los pueblos indígenas y el derecho a la preservación y enriquecimiento de sus lenguas, la igualdad de oportunidades, la eliminación de cualquier práctica discriminatoria y el establecimiento de políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas.

El Centro Universitario de la Costa y la representación de la comunidad triqui se comprometen a brindar apoyo a todos los estudiantes de esa etnia que ingresen bajo el beneficio del convenio para que culminen con éxito sus estudios universitarios.
Cabe recordar que la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara establece que entre los principales objetivos de la institución se encuentra la generación de recursos humanos que requiera el desarrollo socioeconómico del Estado, así como organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica y humanística, y rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura.

El Centro Universitario de la Costa forma parte de la Red Universitaria y tiene influencia en la región costera, que comprende los municipios de Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta, Mascota, Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán, además de Puerto Vallarta.

La Subprocuraduría y DDHPO insisten en perjudicar a los padres de la menor triqui en base de especulaciones

Al pueblo de México y del mundo
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca
Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
A todas luces instituciones gubernamentales del Estado de Oaxaca, como la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pretendiendo ser garantes de los derechos humanos de la niña triqui de Copala de nombre Noemí Cruz Santiago de 15 años de edad, le están causando un gran daño psicoemocional, ya que abusando de su calidad de servidor público y autoridad, utilizando los medios para el servicio público a su disposición, la separan de su núcleo familiar en contra de su voluntad y al parecer le están obligando a declarar en contra de sus señores padres para justificar el inicio de la denuncia penal por los delitos de trata de personas, corrupción de menores y robo de infantes.
Cabe hacer la aclaración de que respecto de la niña triqui existió un procedimiento familiar de guarda y custodia promovido por sus señores padres en la que la Juez que estuvo a cargo de la integración del procedimiento, se respetó su derecho constitucional de estar asistido de intérprete al momento de rendir su declaración ante la Juez del caso, asistida debidamente de la Representación Social que es el Ministerio Público, único e indivisible,  así de la asistencia de perito intérprete en su lengua materna que es el triqui de San Juan Copala, a la menor se le preguntó si ella quería regresar con sus padres y ella contestó que sí.
Asimismo, se deduce de las manifestaciones de los titulares de la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y de Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que no respetaron los derechos humanos de la menor contemplados en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los derechos de tener un intérprete traductor en su lengua materna al momento de rendir una declaración ante autoridad administrativa o judicial y aún más, insisten en perjudicar a la menor y a sus señores padres, ya que de integrarse el delito o los delitos que les imputan en dicha Subprocuraduría, se les aplicaría a los padres una sanción consistente en la privación de su libertad entre 30 y 40 años de prisión. Lo que implicaría que el Estado lejos de procurar el desarrollo integral de la familia, la estaría desintegrando totalmente con base en puras especulaciones como se desprende de las declaraciones de los titulares de la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, han hecho en los medios masivos de comunicación.
El criterio que tendría que prevalecer en este caso concreto, sería el de respeto a la decisión judicial en donde se respetó la garantía constitucional de la menor de tener un perito intérprete en su lengua materna que es el triqui de Copala y de estar debidamente asistida por el Representante Social, único e indivisible, en ausencia de sus señores padres al momento de rendir su declaración ante la autoridad judicial, como ocurrió en el juicio de guarda y custodia que se llevó a cabo ante la Juez Elizabeth Roxana López Luna, quien determinó provisionalmente, concediéndole la guarda y custodia provisional de la menor a sus señores padres.
Respetuosamente
“Por la defensa y apoyo a los pueblos originarios”
Fundación Tinunjei, A.C.
 Oaxaca de Juárez, Oax, a 06 de marzo del 2014

La Subprocuraduría y DDHPO atentan contra los derechos humanos de la menor triqui de Copala

Al pueblo de México y del mundo
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca
Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Sobre el caso de la menor Noemí Cruz Santiago de 15  años de edad, se ha difundido información a través de los medios masivos de comunicación en el sentido de que sus padres la han querido vender y otros más afirman de que ya fue vendida, incluyendo una institución de derechos humanos del Estado de Oaxaca, ha afirmado en ese sentido, sin embargo, toda esa información se ha difundido sin tener los datos verídicos de lo ocurrido entorno a la situación de la menor mencionada y desconocen totalmente el contexto cultural en el que se desenvuelve.
Lo cierto es que la menor mencionada forma parte de una cultura indígena, en la que nacieron, se formaron y se desenvuelven socialmente sus señores padres, por lo que se requiere ser un conocedor de esta cultura o ser integrante de la misma, además ser respetuoso o defensor de la cosmovisión indígena para estar en condiciones de emitir alguna opinión entorno a algún aspecto social, familiar o cultural del pueblo triqui, en este caso de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. Para entender el caso concreto de la niña triqui que se expone, requiere primeramente entender a sus señores padres y para lo cual se tendría que superar la barrera de la comunicación y cosmovisión como indígenas, ya que como se mencionó, su formación como ente social lo fue dentro de cultura triqui de San Juan Copala.
Dentro de la cultura triqui de San Juan Copala, no se utiliza el término “venta de mujeres” como tal, sino que existen venta de ganado, terreno, café, frutas verduras, aves de corral, ropa, calzado, artesanías y demás bienes muebles o inmuebles. El término “venta de mujeres” ha sido y es una afrenta o una ofensa grave para el pueblo triqui, ya que para la formación de nuevas familias, en esta cultura se tiene que cumplir con mucha solemnidad todos y cada uno de los requisitos que son la petición de los familiares del futuro esposo a los padres de la futura esposa, en caso de que éstos acepten, se pasa al momento de la planeación de los pormenores de la ceremonia y la tercera es el enlace matrimonial en la que se cumplen las formalidades y simbologías, en una de las cuales constituyen el momento de los consejos de ambas familias para los futuros cónyuges, participan con sus consejos para la vida que va emprender el nuevo matrimonio. Dentro de dicha ceremonia que dura toda una noche, la familia del futuro esposo entrega una cantidad de dinero a los padres de la futura esposa, en este caso el término que se utiliza es en la lengua triqui “Sa’an catu che’e chana’a” que en español no tiene traducción literal equivalente, ya que esto se puede interpretar como “el dinero que sustenta a la mujer”, y para la cultura triqui de San Juan Copala, ese dinero simbólicamente sustenta la estabilidad de la relación matrimonial y garantiza el éxito en la vida de la futura pareja y esto representa para la mujer triqui, la máxima expresión de su dignidad.
De lo expuesto, se desprende que en la cultura triqui, en ningún caso y por ningún motivo se puede entregar a una hija a cambio de cubrir una deuda económica y mucho menos venderla o darla en trueque, ya que eso implicaría dejarla en abandono, en total estado de desprotección, denigrarla totalmente y no garantizarle la estabilidad de su vida futura.
El caso ha llegado a las instancias legales como son la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 42/2014 en donde se tramita el juicio de recuperación de la infante Noemí Cruz Santiago, la guarda y custodia provisional y definitiva de la menor a sus padres Margarito Cruz Aguilar  y María Juana Santiago, ya que ellos ejercen la patria potestad sobre su hija por ser menor de edad. Dicho Juzgado emitió  una determinación judicial en el sentido de que los padres recuperen a su menor hija pero quienes se oponen para la ejecución de dicha resolución judicial es el Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Lic. Iliana Hernández Gómez, titular de la Subprocuradoría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. De lo que se desprende que el órgano jurisdiccional  ha emitido su resolución en sentido correcto, considerando el interés superior de la menor, ya que por su minoría de edad requiere de los cuidados y atenciones de sus señores padres, además de que con ello se reincorporaría a su contexto lingüístico y cultural del pueblo triqui del que es originaria. Y las instancias como la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sin fundamento alguno, durante siete meses, sin que le hicieran del conocimiento a un Juez competente para determinar, quién se haría cargo de la citada menor, ya que por su edad, de acuerdo a la Ley Reglamentaria, no puede gobernarse ni decidir por sí misma porque sus padres ejercen la patria potestad, no existe ninguna resolución o impedimento para que sus padres la tengan bajo su custodia, amparo y cobijo, por lo que las determinaciones y resolución de la Juez, que conoce el caso, todas las autoridades administrativas y subalternos tiene que acatarla y abstenerse de insistir  en separar a la menor de su contexto familiar y cultural, violentándole de esa manera sus derechos humanos fundamentales como indígena y niña que es. 
Respetuosamente
“Por la defensa y apoyo a los pueblos originarios”
Fundación Tinunjei, A.C.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 05 de marzo del 2014

Los triquis de Copala son rentables

Por: Concha Moreno
Estos días estamos asistiendo a una auténtica guerra por “poseer” al máximo número de personas de la etnia triqui del Estado de Oaxaca. Desplazados de la localidad de San Juan de Copala, éstos se caracterizan por sus vistosos atuendos de color rojo que tejen ellos mismos.
Y son pobres, muy pobres. No tienen nada y viven donde pueden. Los vi en la plaza de Puebla, en una especie de campamento ubicado en los soportales, hace tiempo. Y los he visto en el Zócalo del Distrito Federal, acampados y, habitualmente, vendiendo sus artesanías.
Precisamente por su precaria situación, es habitual que alguna asociación les brinde su ayuda. Lo que no debería ser habitual es que esa filantropía sea interesada: cuantos más miembros tengan a su cargo, mayores serán las aportaciones gubernamentales. Eso no significa que las asignaciones se destinen en su totalidad a los triquis. Más bien habría que desconfiar de tanto altruismo, si tenemos en cuenta que las comunidades indígenas del país están bastante abandonadas por los planes gubernamentales, y que suelen ser utilizados de forma descarada en las campañas electorales. A penas saben leer y escribir, muchos ni hablan español, tienen la piel morena (un rasgo inequívoco de pobreza, casi siempre), y están poco integrados en la sociedad. Con ese perfil, engañarles no tiene demasiada dificultad.
Y en esa guerra por las subvenciones, que otro motivo no parece haber, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca está empeñada en retirar a unos padres la custodia de su hija, menor de edad, alegando que la querían vender por 40.000 pesos (unos 2.350 euros) a un miembro de su comunidad (Basilio Ramírez). La Fundación Tinunjei se ha opuesto a ello, alegando que todo es un montaje de la Defensoría y su presidente, Arturo Peimbert, para “castigar” a los díscolos.
"La niña se enteró por terceros de la supuesta venta y, lógicamente, aceptó entrar en un centro de acogida mientras se dirimía el asunto en los tribunales, convencida de que era verdad, negándose a estar con sus padres. Ahora, tras no pocas sesiones en los juzgados, la menor ha solicitado abiertamente regresar con su familia."
La historia según los triquis y Fundación Tinunjei
El 6 de agosto del 2013, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca llamó a los beneficiarios de las Medidas Cautelares MC 197-10 y desplazados de San Juan Copala a una reunión de carácter urgente y resolutiva para abordar los temas relacionados a los desplazados en la sede de la Defensoría. Asistieron todos, pues se encontraban acampados en los corredores del Palacio de Gobierno (ayuntamiento) de Oaxaca. Al iniciar la reunión, el titular de la Defensoría, mandó expulsar del evento a Basilio Ramírez García, secretario del grupo, y a su hermana, Margarita Ramírez García, a petición de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López, miembros de la Defensoría. En dicha reunión, Braulio y Mariana lograron  dividir y convencer a una parte de los asistentes a abandonar el lugar donde se encontraban a cambio de 160 mil pesos (poco más de 9.400 euros).
Al finalizar la reunión, Braulio, Mariana y Peimbert Calvo, retuvieron en las instalaciones de la Defensoría a Noemí Cruz Santiago (la niña en litigio) de 15 años de edad, para obligar a sus padres, María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, a formar parte del nuevo grupo de desplazados.
El 8 de agosto, los padres de la menor intentaron rescatarla pero se lo impidieron diversos miembros de la Defensoría.
Días después, la prensa local informaba del rescate de varias personas de un prostíbulo, entre las que se encontraba Noemí, Mariana y otra menor. Ante la noticia, María Juana y Margarito (analfabetos y que no hablan castellano) intentaron denunciar los hechos en la subprocuraduría (comisaría), pero les fue denegado. Enterados los miembros de la Defensoría, les acusaron de forma oficial de violencia familiar contra la pequeña y se la llevaron a vivir con otro grupo de triquis.
En diciembre, los padres se enteraron de que Noemí estaba embarazada y vivía en un sótano, por lo que se encaminaron, nuevamente, a denunciarlo. Pero esta vez lo hicieron en otro centro, convencidos de que el primero estaba protegiendo a la Defensoría. Como consecuencia, en febrero de este año, la jueza, acompañada de una sicóloga y una trabajadora social, intervino en el caso, y trató de rescatarla, encontrándose con que había sido trasladada a la Subprocuraduría (el primer lugar donde fueron a denunciar) de Delitos contra la mujer.
El 19 de febrero, a las 11:30 horas, la jueza del Juzgado, acompañada de Psicóloga, Secretaria, Actuario, Perito Médico, Tutora, Defensora y Trabajadora Social, se presentaron en el domicilio de la menor, siendo atendidas fueron Carmen y Marcelina de Jesús López, quienes informaron que la menor fue trasladada a la Subprocuraduría de Delitos contra la mujer por razón de Géneros desde el día 14 de febrero, y que ya estaban enterada por Braulio Hernández Hernández que las autoridades del Juzgado familiar iban rescatar a la menor desde el día 14 de febrero. Al enterarse de la fuga de información, los padres de la menor quedaron totalmente decepcionados de la Subprocuraduría. Finalmente, el pasado día 27, el Juez de la Segunda Sala del Juzgados Civiles y Familiares del Centro de Oaxaca, ordenó la guarda y custodia provisional y definitiva a favor de María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar (los padres). Pero la niña sigue sin estar con ellos.
La Defensoría, en un comunicado, asegura “estar indignada ante la resolución de un juez de regresar la tutela de una niña  de 15 años a sus padres, quienes intentaron venderla por 40.000 pesos para saldar una deuda” por “servicios de protección jurídica con el señor Basilio Ramírez, quien dice ser abogado de las personas desplazadas”. También dicen que “en la madrugada en la que ella (la niña, Noemí) iba a ser entregada al señor Basilio Ramírez, la niña escapo y buscó apoyo en otros personas desplazadas que se refugiaban en un albergue,  quienes decidieron resguardarla, pero la señora María Juana Santiago (la madre) se presentó en el lugar y  violentó físicamente a la niña, al golpearla a puñetazos y  contra la pared”.
Eso es lo único que han remitido al ser preguntados por correo. Sin embargo, Basilio ha respondido a una llamada telefónica de esta periodista, contando la misma versión que La Fundación Tinunjei: que no existe tal venta. Este hombre asegura que ni es abogado, ni ha pretendido comprar a Noemí. Que tiene 30 años y que expulsado de la asamblea por no estar de acuerdo con el “soborno” de la defensoría, pues no está de acuerdo en recibir dinero a cambio de hacer lo que ellos desean. También ha contado que hace unos 15 días les fue entregada una camioneta a los triquis afines a la organización humanitaria, que a Noemí le han estado pagando una cantidad de dinero mensual, que a otra menor le ofrecieron 5.000 pesos (294 euros) para que le denunciara, y que la historia de desavenencias data de la reunión de agosto del año pasado. Además, concluye “que las personas que se han marchado del grupo lo han hecho de forma voluntaria, no les hemos echado” y denuncia que han intentado agredirle en tres ocasiones.
Por su parte, la Defensoría termina su comunicado así: Este organismo público, autónomo y ciudadanizado considera que existe un riesgo fundado y motivado en contra de la integridad física y psicológica de la niña de referencia, para  este organismo, es prioritario  que las autoridades garanticen  el interés superior de la niña, por lo que las autoridades judiciales deben considerar su voluntad respecto a su guardia y custodia, para privilegiar el respeto a su dignidad como persona, lo que también hace necesario que le provean de todos los mecanismos necesarios para que tenga un desarrollo sano y seguro.
Del embarazo de la menor no dice nada. Tampoco menciona el dinero que, supuestamente, iba a entregar a los desplazados. El caso es que, como siempre, los que tienen pocos recursos se ven envueltos en conflictos en los que, pocas veces, obtienen justicia. Es de desear que, en esta ocasión, no sea así.

Desplazados triquis de Copala acusan a Arturo Peimbert de secuestrar, explotar y prostituir a menor de edad

A los hermanos triquis de Copala
Al pueblo de México y del mundo
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
A los medios nacionales e internacionales de comunicación
Las y los desplazados triquis de San Juan Copala, Oaxaca, venimos a denunciar las injusticias que está siendo objeto nuestra compañera María Juana Santiago y su esposo Margarito Cruz Aguilar por parte del Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Lic. Liliana Hernández Gómez, Titular de la Subprocuraduría de  Delitos contra la Mujer por razón de Géneros de Oaxaca y Braulio Hernández Hernández, auto representante de uno de los grupos de desplazados de San Juan Copala.
El 06 de agosto del 2013, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mediante convocatoria abierta de fecha el 01 de agosto, llamó a los beneficiarios de las Medidas Cautelares MC 197-10 y desplazados de San Juan Copala a una reunión de carácter urgente y resolutiva para abordar los temas relacionados a los desplazados en la sede de la Defensoría ubicada la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América, de la Ciudad. Llamado a donde acudimos todas las y los desplazados de San Juan Copala que estábamos en el plantón indefinido en los corredores del Palacio de Gobierno de Oaxaca. Al iniciar la reunión, el titular de la Defensoría, mandó a expulsar del evento a Basilio Ramírez García, Secretario de desplazados de San Juan Copala y a su hermana Margarita Ramírez García, a petición de Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López. En dicha reunión Braulio y Mariana, lograron  dividir y convencer a una parte de desplazados triquis de Copala a abandonar el plantón a cambio de 160 mil pesos, haciendo visible de esta manera sus pretensiones y ambiciones con el titular de la Defensoría y el gobierno de Oaxaca. Al finalizar la reunión, Braulio Hernández Hernández, Mariana Flores López y el Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo, retuvieron en las instalaciones de la Defensoría a la niña Noemí Cruz Santiago de 15 años de edad para obligar a sus padres María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, a formar parte del nuevo grupo de desplazados.
El 08 de agosto, los padres de la menor intentaron rescatar a Noemí Cruz Santiago del grupo de Braulio Hernández Hernández que estaban hospedados en la Iglesia de las mártires Perpetua y Felicitas que está ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad pero fueron impedidos por Braulio Hernández Hernández, Mariana Flores López y por los guaruras de la misma Defensoría, lugar donde casi pierde la vida Basilio Ramírez García por dichos guaruras.
El 15 de agosto, en varios medios locales de información fue publicado que  los Agentes Estatales de la Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado rescataron del bar prostíbulo “El Milagro” de Etla a Mariana Flores López, Marcelina de Jesús López, Noemí Cruz Santiago y otra menor de edad. Los padres de la menor, al enterarse la noticia, acudieron a la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Géneros para levantar una denuncia de los hechos pero les negaron la atención argumentando que en la nota periodista del Diario Imparcial que llevaban sólo aparece la menor pero no su nombre.
No conforme con retener a la menor y llevarla a trabajar en dicho bar prostíbulo, Braulio Hernández Hernández, denunció a María Juana Santiago ante la Procuraduría General del Estado de Oaxaca  por supuesto hecho de violencia familiar en contra de su hija, imputándole hechos falsos para perjudicarla.
A finales de septiembre del 2013, Braulio Hernández Hernández y Mariana Flores López, llevaron a la menor a vivir junto con su grupo de triquis de Copala en el domicilio Cumbres del Matrata No. 103, Colonia Volcanes, Centro de Oaxaca.
En diciembre del 2013, los padres de la menor, extraoficialmente se enteraron que la menor Noemí Cruz Santiago estaba embarazada y vivía en el sótano del domicilio, hecho que alertó a los padres de la misma, dando aviso a la Subprocuraduría para que se reabra el expediente número 1024 para la realización de estudios médicos y psicológicos a la menor para comprobar su estado físico donde  la única respuesta que recibieron fue la omisión y promesa de realización de exámenes médicos y psicológicos a la menor hasta en la fecha.
Al percatarse de la complicidad entre Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Subprocuraduría, los padres de la menor, María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar, decidieron presentar una demanda ante los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, con el número del expediente, 0042/2014, misma que radica en la Segunda Sala Familiar del juzgado.
El 14 de febrero del presente año, las autoridades del dicho Juzgado, programaron una diligencia en el domicilio donde vivía la menor pero ante la falta de intérprete en la lengua triqui de Copala, no se realizó la diligencia.
El 19 de febrero, a las 11:30 horas, la jueza del Juzgado, acompañada de Psicóloga, Secretaria, Actuario, Perito Médico, Tutora, Defensora y Trabajadora Social, se presentaron en el domicilio de la menor, siendo atendidas fueron Carmen y Marcelina de Jesús López, quienes informaron que la menor fue trasladada a la Subprocuraduría de Delitos contra la mujer por razón de Géneros desde el día 14 de febrero, y que ya estaban enterada por Braulio Hernández Hernández que las autoridades del Juzgado familiar iban rescatar a la menor desde el día 14 de febrero. Al enterarse de la fuga de información, los padres de la menor quedaron totalmente decepcionados de la Subprocuraduría.
El 27 de febrero del año en curso, a las 16: 00 horas, el Juez de la Segunda Sala de Juzgados Civiles y Familiares del Centro de Oaxaca, ordenó la guarda y custodia provisional y definitiva a favor de María Juana Santiago y Margarito Cruz Aguilar. Los padres de la menor se trasladaron a la Subprocuraduría con la Ejecutora del Juzgado y Defensora para recoger a su menor hija, a llegar a la Institución, un minuto después, arribaron al lugar dos abogados de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca junto con el titular de la misma, impidiendo la entrega de la menor Noemí Cruz Santiago a sus padres, desacatando el orden judicial de la Jueza,  sin ninguna causa, motivo o razón alguna. Esta situación hizo indispensable la presencia de la Jueza del Juzgado. Después de 7 horas de insistencia de la Jueza para que la niña sea entregada a sus padres, Arturo de Jesús Peimbert y la Subprocuradora, negaron entregar a la menor a sus padres, argumentando a la jueza que era de noche, a la 01:10 de la mañana del día pasado 28 de febrero, y que era horario adecuado para hacer la entrega de la niña a sus padres y que se esperara un  día más, menor que hasta el día de hoy no ha sido entregada a sus padres.
Éste es el nivel de autoridades que existen en la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de Oaxaca y el tipo de defensor que ocupa la titularidad de Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la injusticia que sufren los indígenas en la Ciudad de Oaxaca, autoridades que actúan y defienden los intereses de un grupo minoritario de desplazados triquis de Copala que la Defensoría conformó el 06 de agosto del 2013.
¡Exigimos a la Subprocuradora de Delitos contra la Mujer por Razón de Género de Oaxaca y al Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la inmediata entrega de la menor Noemí Cruz Santiago a sus padres!
Respetuosamente
Las y los desplazados de San Juan Copala

lorenamerinomartinez@gmail.com
Oaxaca de Juárez, Oax, a 03 de Marzo del 2014

Desaloja Mancera violentamente a los desplazados triquis de Copala

México, D.F., a 07 de diciembre del 2013
 Al pueblo de México y del mundo
 A las organizaciones civiles y sociales
 A los medios nacionales e internacionales de comunicación
 A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Hermanas y hermanos, el día 03 de diciembre del presente año, siendo a las 22:40 horas, las y los desplazados indígenas triquis de San Juan Copala, Oaxaca, que estábamos instalados en el plantón indefinido ubicado al lado poniente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fuimos desalojados y reprimidos violentamente sin motivo y justificación alguna por más de 200 granaderos del Gobierno de Distrito Federal por órdenes del Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno, Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno y Lic. Pedro Bello Aguilar, Director de Atención Ciudadana y Concertación Política del Gobierno del Distrito Federal, a petición de Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Titular de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y Braulio Hernández Hernández, representante contrario a nuestro grupo, desalojo que terminó a las 00:30 horas del día siguiente con un saldo de 6 mujeres y 3 niños lesionados, entre las que se encuentra una anciana de 70 años de edad y varias mujeres que cuentan con medidas cautelares MC 197-10 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 07 de octubre del 2010.
Los granaderos al llegar a nuestro plantón, sin previo aviso y diálogo alguno, nos cercaron completamente, cortando nuestra luz eléctrica y expulsando a todas nuestras mujeres del plantón con “llave china”, arrastrando y golpeando a varias de ellas brutalmente a pesar de que no hubo resistencia por parte de ninguna de ellas y existen medidas precautorias a favor de nuestro plantón por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En el violento desalojo fueron decomisadas nuestras artesanías, puestos metálicos, ropa, cobijas, alimentos, víveres, agua, estufa, tanque de gas, celulares, documentos oficiales y demás pertenencias, bienes que fueron recogidas y echadas en 10 camiones de basura por parte de los granaderos y 70 trabajadores de Limpia del Gobierno del Distrito Federal, personas que  aprovecharon el momento para robar algunas de nuestras cosas, guardándolas entre sus uniformes.
Después de nuestro violento desalojo,  las y los desplazados indígenas triquis de San Juan Copala, que fuimos desalojados del lado poniente de la Catedral Metropolitana, ahora vivimos frente al Palacio de Gobierno del Distrito Federal, sin hogar, ropa, comida, víveres, cobijas, suéteres, dinero, artesanías y en la intemperie.
Por eso, pedimos el apoyo y solidaridad del pueblo mexicano y personas de buen corazón, comida, víveres o cualquier otro tipo de donativo para nuestros niños, mujeres y ancianos desplazados de San Juan Copala que se quedaron sin nada y perdieron todo en el injusto desalojo.
Respetuosamente
Las y los desplazados de San Juan Copala
Cel. 9513084608